Código Abierto

Las cuarenta y nueve providencias colombianas sobre inteligencia artificial que tiene archivadas esta casa se dejan leer como una sola conversación, y esa conversación ya cambió de tema. La Sala Civil de la Corte Suprema lo dijo con todas las letras el primero de julio de 2026: el uso de inteligencia artificial generativa no está proscrito por sí mismo en el ejercicio profesional. Resuelto eso, el problema se corrió hacia donde de verdad duele, que es la prueba.

Seis providencias en seis meses se ocupan de los detectores de inteligencia artificial, y todas apuntan al mismo sitio. La Sala Civil sostuvo en junio que un detector no prueba quién escribió el escrito, y la Sala Penal había distinguido en febrero entre la ayuda mecánica y el análisis jurídico para negar que un porcentaje de detección acredite uso indebido. En agosto, cuando una parte alegó que un auto no existía porque dos detectores decían que lo había escrito una máquina, la Sala no discutió el porcentaje, fue al artículo 279 del Código General del Proceso y verificó. Ese es el movimiento entero en una escena.

El segundo frente es el deber de declarar. Ocho providencias dicen qué herramienta usó el propio despacho, o certifican que no usó ninguna. La Corte Constitucional publicó el prompt en la T-186 de 2026 y volvió sobre la declaración de transparencia en los autos A-276 y A-1030 de 2026, este último atado al artículo 10 del Acuerdo PCSJA24-12243. La Sección Cuarta del Consejo de Estado dejó nota sobre el uso de Copilot de manera sistemática, hasta que una aclaración de voto sostuvo que esa nota no era obligatoria. Las cortes de cierre están declarando su propio uso antes de que exista norma que las obligue, y esa discrepancia interna es la que anuncia por dónde va a venir la regla.

El tercer frente es el más definido. Cuando la inteligencia artificial se ofrece como prueba, no entra. No es perito ni prueba técnica, según el Tribunal de Cali. No sirve como traducción oficial en el exequátur, según la Sala Civil. Y no se acepta un dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado con ella por la parte, según la Corte Constitucional en la T-072 de 2026.

El cuarto es el sancionatorio, y es el más citado por fuera. Seis providencias imponen multa, exhorto o compulsa de copias por citar sin verificar, encabezadas por la que multó a un abogado con quince salarios mínimos por diez citas apócrifas. Pero ninguna de ellas reprocha haber usado la herramienta. Todas reprochan haber firmado sin comprobar, que es un deber que existía desde antes de que existiera la herramienta.

Leída con la tríada de cesión, criterio y custodia, la lectura se ordena sola. Colombia ya aceptó la cesión de la tarea. Lo que está construyendo ahora, providencia por providencia, es cómo se acredita el criterio y hasta dónde llega la custodia de quien firma.

El registro mundial de alucinaciones judiciales llegó a 2.045 casos en 45 jurisdicciones. Al abrirlo por la calidad de quien llevó la cita inventada al expediente, el resultado desarma el discurso con el que se viene discutiendo el asunto en Colombia: 1.175 casos corresponden a litigantes que actuaban sin abogado y 814 a abogados. Hay además 32 jueces, 15 peritos, 5 fiscales, un árbitro y un defensor público.

La conversación profesional ha tratado el fenómeno como un problema de diligencia del abogado. Los números dicen que el grueso está en el ciudadano que litiga por su cuenta y le pide a una máquina que le dé respaldo, sin tener cómo saber que el respaldo no existe. Son dos problemas distintos y piden respuestas distintas, porque al abogado se le puede exigir un deber profesional y al ciudadano no.

Para Colombia la consecuencia es directa y todavía no se ha escrito. La acción de tutela se presenta sin abogado por diseño constitucional, el derecho de petición es de ejercicio directo y buena parte del litigio de pequeñas causas transcurre sin apoderado. Es exactamente la población que el registro mundial señala como la más expuesta, y es también la que ningún régimen disciplinario alcanza.

La respuesta no es cerrarle la herramienta a quien no tiene abogado, que sería quitarle la única ayuda a quien menos tiene. Es trasladar la carga al punto donde sí se puede verificar, que es el despacho que recibe el escrito. Leída con la tríada de cesión, criterio y custodia, la pregunta deja de ser quién escribió y pasa a ser quién respondía por comprobar antes de firmar, y quién puede comprobar de verdad.

Contra la respuesta punitiva juega además un dato del mismo registro. De los 2.045 casos, solo 159 terminaron en sanción profesional, menos del ocho por ciento. Los tribunales del mundo están corrigiendo, advirtiendo y devolviendo el escrito mucho más de lo que están castigando, que es la manera sensata de construir el camino para admitir bien la herramienta.