De los 2.045 casos registrados, solo 159 terminaron en sanción profesional. Menos del ocho por ciento. La respuesta dominante de los tribunales no ha sido castigar sino corregir, advertir, devolver el escrito y fijar por escrito qué se espera la próxima vez.
Esa proporción importa porque desmiente las dos versiones extremas que circulan. No hay una persecución de los tribunales contra la inteligencia artificial, y tampoco hay impunidad. Hay una construcción de estándar, que es exactamente lo que hace un sistema jurídico cuando aparece una técnica nueva y todavía no tiene regla.
El otro dato de fondo es probatorio y es el más incómodo. En 1.802 de los 2.045 casos, esto es el 88 por ciento, la herramienta figura como implícita o no identificada, es decir que nadie pudo probar qué máquina produjo el texto. Se sancionó o se corrigió por el resultado (la cita no existe), no por el origen. Mientras eso siga así, cualquier regla que se construya sobre el uso de la herramienta va a chocar con la imposibilidad de acreditarlo, y ese es justo el vacío que ataca la propuesta de cadena de procedencia probatoria conectada con el artículo 244 del Código General del Proceso.
Brasil aporta la mayoría. España y Argentina van detrás con ocho cada una. Chile y Colombia llevan tres, Costa Rica y Portugal una. El resto de la región no aparece: México, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Centroamérica salvo Costa Rica no tienen un solo caso registrado.
La explicación verosímil no es que el fenómeno se detenga en la frontera. Es que el registro se alimenta de lo que se publica en inglés y de lo que alguien se toma el trabajo de reportar, y en español no hay quien lo haga. Esa es la razón de ser de esta sección y la vacante que Código Abierto viene a ocupar.