Las cortes del mundo corrigen mucho más de lo que sancionan, y eso dice cómo se está construyendo la regla
De los 2.045 casos registrados de citas alucinadas llevadas a un tribunal, solo 159 terminaron en sanción profesional. Menos del ocho por ciento. La respuesta dominante de los tribunales del mundo no ha sido castigar sino corregir, advertir, devolver el escrito y fijar por escrito qué se espera la próxima vez.
Esa proporción desmiente las dos versiones extremas
No hay una persecución de los tribunales contra la inteligencia artificial, y tampoco hay impunidad. Hay una construcción de estándar, que es exactamente lo que hace un sistema jurídico cuando aparece una técnica nueva y todavía no tiene regla escrita.
Conviene tener el dato a mano, porque las dos versiones extremas circulan con fuerza. La primera dice que los jueces están cerrando la puerta a la herramienta, y no es cierto. La segunda dice que citar sentencias inexistentes no tiene consecuencia, y tampoco.
El dato incómodo es probatorio
En 1.796 de los 2.045 casos, esto es cerca del ochenta y ocho por ciento, la herramienta aparece como implícita o no identificada. Nadie pudo probar qué máquina produjo el texto. Se sancionó o se corrigió por el resultado, porque la cita no existe, no por el origen.
Ese vacío tiene consecuencias que todavía no se han medido. Mientras no se pueda acreditar el origen de un escrito, cualquier regla construida sobre el uso de la herramienta va a chocar con la imposibilidad de probarlo, y las discusiones van a seguir resolviéndose por el camino más corto, que es comprobar si la cita existe.
De ahí que la vía prometedora no sea perseguir el uso sino asegurar la procedencia. Una marca legible por máquina en el documento, conectada con la tacha del artículo 244 del Código General del Proceso, trasladaría la carga a quien aporta un documento cuya procedencia no se puede verificar. Ninguna jurisdicción lo ha hecho todavía.
Dónde se concentra el problema
Contratos encabeza con 448 casos, seguido de administrativo con 255, derechos civiles con 202, laboral con 185 y responsabilidad civil con 178. Familia llega a 133 y penal a 64. La lectura es sencilla: el fenómeno está donde está el litigio de volumen, que es donde más presión de tiempo hay y donde menos se revisa.
Y quién ha disputado los registros
La base incorporó este año una columna que dice si el proveedor de la herramienta disputó el caso. En 2.033 no lo hizo y en 12 sí. Es una cifra pequeña pero abre una línea de seguimiento sobre la responsabilidad del proveedor, que en Colombia está en discusión en el articulado de inteligencia artificial que cursa en el Congreso.